Acoso, insultos, amenazas o divulgación de imágenes, audios o videos, reales o simulados de contenido íntimo sexual sin consentimiento. Estos actos son formas de violencia digital que cualquier persona puede padecer, pero las consecuencias no son iguales para varones y para mujeres y, tomando en cuenta su dimensión, esta problemática afecta principalmente a mujeres, diversidades, adolescentes y niñas, en forma sistemática y muchas veces coordinada.

Esta modalidad de violencia es continua a toda hora y puede perdurar en el tiempo indefinidamente por la imposibilidad de borrar por completo la huella digital, con consecuencias que pueden ser devastadoras.

En Argentina, 6 de cada 10 de las periodistas mujeres y con diversas identidades de género han sido víctimas de algún tipo de violencia digital en los últimos seis años, según un estudio de Amnistía Internacional (2024). De ellas, un 45,9% experimentó acoso sexual o amenazas de violencia sexual y un 44% amenazas de violencia física. Mientras que un 85,6% fue víctima de hostigamiento o trolleo. Asimismo, 5 de cada 10 periodistas encuestadas que fueron víctima de violencia manifestaron que se autocensuran en las redes sociales para evitar experimentar ataques y más del 80% reportó que su práctica profesional de alguna forma se vio afectada ante hechos de agresión en redes. Estos ataques, además de limitar la libertad de expresión, disciplinar y silenciar el debate público, impactan en la salud y seguridad de las personas afectadas.

En este contexto, según la UNESCO, las mujeres con voz pública suelen ser el principal foco de estas agresiones. A nivel global, el 73% de las periodistas reconoce haber sufrido violencia en línea, mientras que en América Latina y el Caribe, según ONU Mujeres y Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, el 80% limitó su participación en redes sociales; el 40% se autocensuró; una de cada tres cambió de puesto laboral y una de cada cuatro fue despedida o no le renovaron el contrato.

A nivel normativo, Argentina se convirtió en uno de los 5 países de la región que logró avances legislativos con la sanción de la Ley Olimpia en octubre de 2023, al incorporar la violencia digital a la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres como una modalidad de violencia de género. Asimismo, el proyecto de la Ley Belén y otras iniciativas buscan incorporar esta problemática al Código Penal como delito.

El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, ONU Mujeres, Amnistía Internacional y la Embajada de Canadá se unieron junto a actores clave en el evento “Hackeá la violencia digital. Experiencias y estrategias para su abordaje”, para reflexionar sobre distintas experiencias y promover estrategias de acción con el fin de abordar los ataques digitales a personas y organizaciones que promueven la agenda de género y diversidades.

Estos espacios de trabajo e instrumentos son fundamentales para impulsar acciones de prevención, protección y empoderamiento de las mujeres, diversidades y niñas en entornos digitales, mientras que también es prioritario garantizar un acceso efectivo a la justicia. Esto incluye la sensibilización y capacitación de las autoridades y operadoras y operadores judiciales y la implementación de
mecanismos de denuncia.

Otro aspecto imprescindible es focalizar en cómo las empresas proveedoras de servicios y tecnologías pueden mejorar sus políticas para prevenir, denunciar y responder a la violencia de género en línea en las mismas plataformas. Asimismo, es vital trabajar con adolescentes y jóvenes en estrategias educativas y alfabetización digital.

La implementación de estas medidas debe ser un esfuerzo conjunto entre el sector público y privado, los organismos internacionales, el Sistema de Naciones Unidas y la sociedad civil, con el objetivo de garantizar espacios digitales seguros e inclusivos y, también, la libertad de expresión y la calidad de nuestra democracia.