Independientemente de si la ley los permite o no, los abortos son más que habituales. Los datos ponen de manifiesto que las restricciones de acceso al aborto no impiden que las personas busquen someterse a un aborto, sino que simplemente aumentan su letalidad.

Tal y como se constata en el informe Estado de la Población Mundial 2022 del UNFPA, casi la mitad de los embarazos de todo el mundo no son planeados, y más del 60% de dichos embarazos pueden terminar en aborto. Resulta aterrador que el 45% de los abortos que se practican en el mundo sean en condiciones de riesgo, lo que los convierte en la principal causa de mortalidad materna. Actualmente, casi todos los abortos en condiciones de riesgo tienen lugar en los países en desarrollo. Sin embargo, el UNFPA teme que, de restringirse más el acceso al aborto, el número de abortos en esas condiciones de riesgo aumente en todo el mundo. Las decisiones que revierten los avances conquistados tienen amplias consecuencias para los derechos y la libertad de decisión de las mujeres y adolescentes de todos los rincones.

En 1994, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), que firmaron 179 países, entre ellos los Estados Unidos, reconocía el nivel de letalidad de los abortos en condiciones de riesgo y hacía un llamamiento para que en todos los países se prestara atención posterior al aborto independientemente de la situación jurídica de este con el fin de salvar vidas. También ponía de relieve que todas las personas deben poder acceder a información de calidad sobre anticonceptivos y salud reproductiva.

En cuanto organismo de las Naciones Unidas en materia de salud sexual y reproductiva y responsable del CIPD, el UNFPA defiende el derecho de todas las parejas e individuos a decidir de manera libre y responsable el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre estos, así como a tener acceso a la información y los medios necesarios. De continuar produciéndose abortos en condiciones de riesgo, aumentarán las posibilidades de no lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 3 relativo a la salud materna, que los Estados Miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a cumplir.