Todo ser humano tiene el derecho de tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva, incluyendo la capacidad de decidir si desea o no tener hijos, cómo, cuándo y con qué frecuencia. Este derecho es esencial para el bienestar de las personas y el desarrollo de comunidades y naciones. 

El acceso a información veraz y actualizada, junto con métodos anticonceptivos seguros, efectivos y accesibles, es crucial para garantizar una salud sexual y reproductiva adecuada. Además, es fundamental contar con los recursos necesarios para prevenir infecciones de transmisión sexual y, en el caso de decidir tener hijos, acceder a servicios que aseguren un embarazo saludable, un parto seguro y la salud del recién nacido.

En Argentina, 5 de cada 10 embarazos en la adolescencia son no intencionales. En 2022, 43.210 adolescentes entre 15 y 19 años tuvieron un hijo o hija, lo que refleja una situación preocupante. El embarazo no intencional en la adolescencia vulnera los derechos de las jóvenes, limitando su libertad y autonomía. Este fenómeno tiene impactos negativos en su salud, educación y posibilidad de acceder a trabajos dignos, afectando de manera directa su capacidad para tomar decisiones sobre su vida y futuro.

El embarazo en la adolescencia también tiene consecuencias socioeconómicas graves. Las adolescentes que se embarazan tienen menos probabilidades de completar su educación secundaria (solo un 38% lo logra, frente al 55% de las mujeres que posponen la maternidad). Igualmente, son menos propensas a acceder a educación terciaria (3% frente al 10%) o a la universidad (1% frente al 3%), lo que limita sus oportunidades laborales y sus ingresos. Como resultado, muchas veces se ven obligadas a dedicar más tiempo a tareas domésticas y a trabajos precarios, con menos posibilidades de acceder a empleos de calidad.

Invertir en la salud sexual y reproductiva de las mujeres es una de las mejores inversiones posibles para el desarrollo internacional. Al poder tomar sus propias decisiones y planificar sus embarazos, ellas pueden planificar su futuro. 

De ese modo, mejoran sus perspectivas con miras a completar su educación y obtener ingresos, y resulta más probable que sus hijos gocen de buena salud y reciban una formación adecuada, así como es menos probable que la pobreza se transfiera a la generación siguiente.

El UNFPA apoya el fortalecimiento de las capacidades locales y nacionales para implementar políticas y programas basados en evidencia, con el objetivo de garantizar que todas las personas tengan acceso a servicios e información de calidad sobre salud sexual y reproductiva.