En el marco del proyecto “Promoviendo la realización del ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en Argentina”, que surge del Consorcio de Naciones Unidas por los Derechos de las Personas con Discapacidad - Fondo Fiduciario de Socios Múltiples (UNPRPD MPTF) y junto al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina, se han desarrollo dos documentos: “Los sistemas de apoyo para las personas con discapacidad” y “Ajustes razonables y ajustes de procedimientos para las personas con discapacidad”. En su elaboración, se ha convocado a la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad - REDI, para planificar y coordinar su desarrollo con el objetivo de generar un material útil, redactado en primera persona y que contenga una temática abordada de manera poco frecuente y que sirva como insumo para apoyar la tarea, no solo de quienes se abocan a la temática, sino también de aquellos agentes que, sin estar involucrados, muestran interés y requieren de la incorporación de dichos contenidos.

En pos de dicho objetivo y buscando promover el protagonismo de las propias personas en la lucha por sus derechos, la organización toma como base a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (CDPD), instrumento que es parte del marco jurídico fundamental de los derechos humanos y que consagra al modelo social como la conceptualización adecuada para abordar la discapacidad, para desarrollar de forma participativa estos documentos. En ellos se desarrollan herramientas claves para la implementación de estrategias y mecanismos fundamentales para que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan puedan participar activamente en el ejercicio de sus derechos, en el diseño de políticas públicas sobre la temática, y también monitorear su implementación.

En este documento se definen los conceptos centrales a partir de la CDPD y de las Observaciones Generales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También se realiza un repaso acerca del estado actual de implementación de estas herramientas en nuestro país, que reconoce los aspectos en que se vislumbran progresos y propone recomendaciones con vistas a avanzar hacia políticas públicas más respetuosas de los derechos de las personas con discapacidad.