Entre 2014 y 2020, la tasa global de fecundidad bajó un 34%, el descenso más pronunciado desde que existen registros anuales de esta variable. La tendencia a la baja fue aún más acelerada (-55%) en las niñas y adolescentes menores de 20 años, dato no menor puesto que los embarazos en edades tempranas son, en su mayoría, no intencionales. Esta caída da cuenta de los logros alcanzados en torno al acceso a derechos sexuales y reproductivos y, al mismo tiempo, potencia las posibilidades de mejorar las trayectorias educativas y laborales de las jóvenes, oportunidad clave para romper círculos viciosos de pobreza y apuntalar un sendero de desarrollo inclusivo.
Pocas veces se considera la transición demográfica que está atravesando Argentina y las implicancias que esto tiene en el diseño y la planificación de las políticas públicas. Conocer cómo es el gasto y la producción por edad y combinar esta información con las proyecciones de la población y los grupos etarios que la componen permite tomar decisiones informadas de políticas públicas de cara al futuro. En este sentido, para evaluar las oportunidades y desafíos generados por los cambios demográficos se puede utilizar la metodología de Cuentas Nacionales de Transferencias (CNT), que estima cuánto produce y consume una persona promedio en cada año de su vida.
En el caso argentino, la CNT ilustra claramente la necesidad de aprovechar el bono demográfico actual, momento en el cual la cantidad de personas en edad de producir y trabajar es elevada con respecto a personas dependientes (niños/as o personas mayores). En el futuro la proporción de personas mayores irá aumentando y entonces el desafío para sostener y mejorar el Estado de bienestar tomará más relevancia. En gran medida, los recursos para responder a este desafío dependerán de la capacidad que tenga la sociedad de aumentar la productividad de sus trabajadores/as, puesto que su proporción respecto al resto de la población irá paulatinamente disminuyendo en años venideros.
Determinadas políticas públicas son estratégicas para aprovechar la ventana demográfica actual y asegurar un mejor Estado de bienestar a futuro. En particular, hay tres grupos de políticas que están estrechamente asociadas con la dinámica demográfica: políticas de cuidados y educación en la niñez y la adolescencia (y políticas de cuidados en la vejez, sobre las que el documento no ahonda), políticas previsionales y políticas para asegurar y profundizar el acceso a derechos sexuales y reproductivos. Con respecto a las primeras es preciso, en primer lugar, consolidar un sistema integral y federal de cuidados para la niñez y la vejez y, en segundo lugar, sostener y fortalecer las trayectorias educativas de los y las jóvenes y adolescentes. En relación al sistema de pensiones y jubilaciones, las distintas proyecciones muestran cómo se dificultará ampliamente sostener el esquema actual, por lo tanto será necesario reordenarlo para mejorar su eficiencia, equidad y sostenibilidad. Finalmente, con el fin de seguir fortaleciendo y asegurando el acceso a derechos sexuales y reproductivos, pueden considerarse tres líneas de acción a reforzar: fortalecer y mejorar el acceso a métodos anticonceptivos y a los sistemas de información asociados; asegurar la implementación efectiva de las leyes de Educación Sexual Integral (ESI) y de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo en todo el territorio (IVE/ILE), además de abordar en forma integral la prevención y la atención del embarazo en niñas y adolescentes.
Estamos a tiempo de aprovechar las oportunidades que abre la transición demográfica. Avanzar en políticas públicas estratégicas que aborden la pobreza de forma integral y multidimensional es esencial para consolidar un sendero de desarrollo inclusivo, que permita mejorar las condiciones de vida de las personas en la actualidad y asegure un mejor Estado de bienestar en el futuro.
