La Agenda 2030 busca convocar y aglutinar los esfuerzos de los Estados, las empresas y la sociedad civil para lograr un mundo con justicia social, equidad ambiental y desarrollo económico sin dejar a nadie atrás. De esta forma, esta Agenda interpela y tensiona la consistencia y solidez del proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.

Los desafíos y compromisos de la Agenda 2030 están vinculados entre sí por numerosos elementos transversales, que son interdependientes y requieren enfoques y soluciones integradas. Estos elementos transversales atraviesan a todos los ODS y permiten una mirada panorámica y amplia, y no sólo temática, de los objetivos y sus metas. El carácter transversal de estas cuestiones implica que las metas deben impregnar toda la implementación de la Agenda (CNCPS, 2019).

Uno de los principios fundadores de la Agenda 2030 es que los procesos de implementación y de seguimiento sean participativos e inclusivos, considerando todos los niveles y sectores del gobierno, la sociedad civil y el sector privado, los miembros del parlamento y las instituciones nacionales de derechos humanos, entre otros.

Una alianza revitalizada para el desarrollo sostenible es un requisito central de la Agenda 2030, y las partes interesadas son reconocidas como socios valiosos en la implementación de los objetivos y la sensibilización del público (DAES-ONU, 2019).

En este sentido, la participación y el compromiso con la implementación de los ODS de parte de diversos actores sociales se torna un asunto significativo. La integración en la planificación  implementación de la Agenda de las personas con discapacidad se vuelve clave para que los esfuerzos realizados en materia de enfoque de derechos humanos refuercen su consistencia y sostenibilidad en el mediano y largo plazo.