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Se espera contribuir a la jerarquización de este colectivo profesional y, con ello, mejorar las oportunidades de alcanzar la cobertura universal en salud sexual, reproductiva y materna de calidad en la Argentina. Forma parte de la serie “El trabajo obstétrico en la salud sexual y reproducva”, que el CEDES desarrolla con la colaboración de Ipas como contribución a un mejor conocimiento de este colectivo profesional. También se enmarca en la estrategia conjunta que CEDES y UNFPA Argentina desarrollan para fortalecer el trabajo de las/los obstétricas/os en la Argentina y en el plan 2022 del Grupo de Trabajo de Obstétricas de REDAAS.

La prevención de la morbimortalidad materna y la atención oportuna de los procesos reproducvos, así como la garantía del ejercicio de los derechos sexuales y (no) reproductivos han tomado centralidad en las discusiones globales, regionales y nacionales sobre políticas sanitarias en las últimas décadas. La constatación de que los indicadores de salud materna son altamente sensibles a la calidad y oportunidad de la atención de la salud, principalmente de las mujeres y otras personas con capacidad de estar a lo largo de todo su ciclo vital, ha llevado a los estados, así como a los órganos de rectoría sanitaria y otros organismos de derechos humanos a promover la actualización y ampliación de las incumbencias, el fortalecimiento de la formación y el rol de las obstétricas dentro de los equipos de salud y de forma autónoma para la atención de los procesos (no) reproductivos.

En la Argentina, la creciente regulación de esta profesión en las últimas décadas ha tenido varios efectos, siendo uno de los más prominentes la disparidad entre las jurisdicciones del país, tanto para el ejercicio de la profesión como en la atención que pueden recibir pacientes que requieren servicios de salud reproductiva. Asimismo, dado que han variado los estándares normavos de protección de derechos humanos y algunas prácticas fueron ganando estatus de legalidad -resultando, por ejemplo, en la Ley 26.130 de Anconcepción Quirúrica en 2006, la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley 27.611 de Atención y Cuidado Interal de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia en 2020-, las normas que regulan las incumbencias han quedado en muchos casos desactualizadas. Por ello, analizar los alcances del marco regulatorio, los efectos que tiene sobre el ejercicio profesional y las consecuencias para el sistema de salud en cada una de las jurisdicciones del país resulta clave para situar el rol de este personal en la atención de la salud sexual, reproductiva y materna.

Este documento presenta un panorama del aporte que pueden realizar las personas que ejercen la obstetricia, a partir de los estándares nacionales e internacionales; asimismo, analiza una serie de aspectos relevantes de la legislación actual en las diferentes jurisdicciones del país.

Para su elaboración se han revisado:

- Investigaciones cienficas y documentos técnicos que reseñan las condiciones actuales en materia de acceso a los servicios de salud sexual, salud reproductiva y salud materna a escala local y global.

- Recomendaciones de los organismos rectores de política sanitaria a nivel internacional (OMS, UNFPA, UNICEF, ICM, ICN, FIGO, Ipas) sobre las competencias y funciones del personal de obstetricia en los sistemas de salud.

- La totalidad de las regulaciones provinciales que actualmente rigen las competencias de profesionales de obstetricia en el país.

El documento consta de 3 secciones y reflexiones finales:

1. La primera sección presenta un panorama sobre los déficits en materia de salud sexual, materna y reproductiva que podrían ser mitigados con la puesta en valor y la actualización de las competencias para el trabajo obstétrico.

2. La segunda describe las recomendaciones de los principales organismos rectores de política sanitaria para la ampliación del rol y las competencias de la obstetricia.

3. La tercera presenta un análisis comparado de las regulaciones de la obstetricia en la Argentina. Se parte de una breve contextualización histórica para luego analizar las competencias normativamente habilitadas de este colectivo profesional en seis dimensiones: consejería en salud sexual y salud reproductiva, anticoncepción, participación en el parto, medicamentos, interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) y objeción de conciencia.