En la última década, la reducción de la mortalidad materna en América Latina y el Caribe ha mostrado indicios de un marcado enlentecimiento que pone en riesgo el cumplimiento de las metas establecidas a nivel mundial, regional y por los propios Estados, que se agudizó durante la pandemia por COVID-19.
En 2020, la mortalidad materna aumentó un 46 % en los países de América Latina y el Caribe frente a las muertes maternas registradas en 2019, a causa de la saturación de los sis-temas de salud, las medidas de aislamiento y una merma en la calidad de la atención en las consultas de los servicios de salud reproductiva, particularmente en las zonas rurales. En ese periodo, los pilares de la cobertura universal en salud sexual y reproductiva —la disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, los recursos y el equipamiento disponibles, la demanda y el acceso a los servicios de salud— se vieron afectados.
Se estima que esto llevó a un retroceso de entre 8 y 15 años en los indicadores de salud materna en la región, de acuerdo con los datos relevados por el Grupo de Trabajo Regional para la Reducción de la Mortalidad Materna (GTR). Fenómeno que puso en evidencia la labilidad de los logros alcanzados.
Las muertes maternas siguen siendo una expresión de la in-equidad de género, etnia, raza, lugar de residencia, nivel educativo y nivel socioeconómico. Los datos muestran que hay mayor razón de mortalidad materna (RMM) entre las mujeres indígenas, afrodescendientes, que viven en situación de pobreza, migrantes y que residen en zonas rurales. Por ejemplo, en Paraguay en 2021, la RMM de las mujeres sin escolaridad fue cinco veces más alta que la de las que contaban con nivel profesional.
La evidencia indica que el 90 % de las muertes maternas pue-den evitarse mediante una combinación de medidas que incluyen la implementación de cuidados maternos de calidad, el acceso universal a los métodos anticonceptivos modernos y esfuerzos para abordar las inequidades en el acceso a los servicios. Estas muertes evitables son una violación del derecho a la vida.
El panorama actual pide un llamado a la acción. Es momento de retomar la salud materna como un asunto regional prioritario. La clave para asegurar la reducción de la morbimortalidad materna evitable es el compromiso de gobiernos, aliados estratégicos y sociedad civil de abordar los distintos determinantes que inciden en ella. La evidencia empírica, así como la identificación de intervenciones costoefectivas, es el respaldo perfecto para una respuesta directa de acción que proteja los derechos de las mujeres y recién nacidos en nombre del desarrollo y la justicia social.
Para acelerar la reducción de la morbimortalidad materna es necesario adoptar prácticas basadas en la evidencia, que tengan en cuenta los contextos locales y las poblaciones más vulnerables, y desarrollar la capacidad nacional para imple-mentarlas y mantenerlas. Emprender una serie de pasos estratégicos que contemplen tanto el ámbito de la política pública como el de los sistemas de salud, con la consigna de no dejar a nadie atrás.
