Más de mil millones de personas viven en el mundo con algún tipo de discapacidad, de las cuales entre 180 y 200 millones tienen entre 10 y 24 años. Un nuevo estudio global, coordinado por el Fondo de Naciones Unidas para la Población (UNFPA), investigó cómo afecta la violencia de género y cómo viven sus derechos sexuales y reproductivos las y los jóvenes con discapacidad. La publicación “Jóvenes con discapacidad: Estudio global sobre cómo poner fin a la violencia de género y lograr la salud y derechos sexuales y reproductivos” se presentó hoy en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina, con la participación de la vicepresidenta Gabriela Michetti y Luis Mora, director de Género, Derechos Humanos y Cultura del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Michetti estuvo presente en el acto de apertura y señaló que “darle relevancia a la agenda y a las políticas de discapacidad en el plan de Gobierno es algo que nos inquieta. No es sencillo, pero es una prioridad”. “Desde el Estado estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”, dijo la vicepresidenta.

También participaron en el panel de apertura Santiago Ibarzábal, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina; Fabiana Tuñez, directora ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres de Argentina (INAM); René Mauricio Valdés, coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas; Víctor Navalpotro, en representación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo; Héctor Lescano, Embajador de Uruguay en representación del MERCOSUR; Begoña Grau, directora del Programa Nacional de Discapacidad MIDES de Uruguay; y Natalia Farías, integrante de la red META de Uruguay. La moderación estuvo a cargo de Gabriela Agosto, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de Políticas Sociales.

La actividad fue organizada por UNFPA, We Decide MERCOSUR, la Agencia de cooperación española, la Agencia Nacional de Discapacidad de la República Argentina y el Consejo Nacional de Políticas Sociales.

En el panel de apertura, Ibarzábal mencionó que ser sede de esta presentación es muy importante para la Agencia Nacional de Discapacidad, ya que “el informe es un buen insumo para pensar políticas de inclusión”. Le siguió Farías, quien expresó: “desde siempre, las mujeres y las niñas con discapacidad fuimos y somos invisibilizadas. Todo el tiempo debemos demostrar que sí podemos y queremos. Tenemos derechos a educarnos, a una salud con todas las garantías posibles y a una sexualidad”, afirmó.

A su turno, Tuñez señaló que “cuando hablamos de discapacidad y género, estamos hablando de dar visibilidad a la situación de casi dos millones de mujeres” y que afecta especialmente a las mujeres adultas mayores. “Las mujeres y niñas con discapacidad están más expuestas a sufrir violencias”, indicó la titular del INAM y aseguró: “en nuestra gestión este tema es política de Estado y una de las prioridades del Presidente”.

Lezcano reconoció que “el crecimiento de los pueblos no puede limitarse a aspectos de naturaleza económica, se debe tener en cuenta el desarrollo integral, hay una dimensión social ineludible”. Por su parte, Grau comentó el trabajo de Uruguay en relación con los derechos de jóvenes con discapacidad y su salud sexual y reproductiva. Sostuvo que la discapacidad “es un tema que atraviesa de manera transversal a las políticas” y señaló que sería bueno que en un futuro “no haya agencias ni políticas especiales”.

Valdez explicó que en los últimos tiempos se ha repensado la forma de entender la discapacidad basada en un modelo médico hacia otro modelo de derechos humanos. Y subrayó: “En la Agenda 2030, la comunidad mundial nos hemos comprometido a no dejar a nadie afuera”. Finalmente, Navalpotro, comentó que “la perspectiva de género está permeando la agenda de discapacidad y a la vez la discapacidad recién está permeando la agenda de género”.

El informe

“Esta es la primera vez que se realiza un estudio global que analiza intersección entre la discapacidad, la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos”, destacó el director de Género y Derechos Humanos de UNFPA, Luis Mora, en la presentación del informe y luego, habló sobre los sentidos que socialmente asociamos con la discapacidad. “La norma social hace pensar a las y los jóvenes con discapacidad como personas asexuadas. Hay pánico en nuestras sociedades al ver a un joven con discapacidad como un sujeto de derechos sexuales y reproductivos”, sostuvo.

“Si la población joven en general tiene poca información sobre la reproducción y sexualidad, cuando examinamos a jóvenes con discapacidad esa ausencia de información se dispara”, graficó Mora y describió otras de las violaciones más frecuentes a los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes con discapacidad: el embarazo no deseado, la esterilización forzada, el aborto coercitivo, la negación de medicamentos y la escasez de dispositivos de acceso a servicios, entre otras graves vulneraciones.

El informe aborda también el vínculo entre la discapacidad y la violencia por razones de género. “La discapacidad representa una vulnerabilidad frente a la violencia y la violencia produce discapacidades”, describió Mora y puso como ejemplo el caso paradigmático de María da Penha, quien llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demandó al estado brasileño por no haberla protegido de la violencia doméstica que sufría por parte de su ex pareja y le causó paraplejia irreversible, en 1983. A su vez, Mora sostuvo que “las mujeres con discapacidad sobrevivientes de violencia que no cuentan con capacidad legal y no son reconocidas como titulares de derechos para hacer la demanda judicial, se ven nuevamente violentadas y discriminadas”.

Con este estudio, UNFPA busca contribuir a fortalecer las leyes y políticas nacionales que promueven la inclusión social y la igualdad de género para el beneficio de las y los jóvenes con discapacidad. 

Datos destacados:
 

• Hay aproximadamente 180 y 200 millones de personas de entre 10 y 24 años que viven con alguna discapacidad en el mundo. El 80 por ciento de las personas con discapacidad vive en países en desarrollo y el 20 por ciento de la población más pobre tiene algún tipo de discapacidad.
   
• Adolescentes discapacidad tienen casi cuatro veces más probabilidades que sus pares sin discapacidad de ser víctimas de abusos, y quienes tiene discapacidad intelectual, especialmente las niñas, corren el mayor riesgo. En el caso de niñas y niños, con discapacidad la probabilidad es de casi tres veces más alta que quienes viven sin discapacidad, y las niñas tienen el mayor riesgo.
   
• Las niñas y mujeres jóvenes con discapacidad tienen más probabilidades de sufrir violencia que cualquiera de sus pares hombres con discapacidad o que las niñas y mujeres jóvenes sin discapacidad.
   
• A las mujeres jóvenes y las niñas con discapacidad, casi sin excepción, se les niega el derecho a tomar decisiones por sí mismas sobre su salud reproductiva y sexual, incrementando así el riesgo de violencia sexual, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual.
   

La publicación identifica avances legales y buenas prácticas en diferentes países. También, sugiere tres recomendaciones principales para los Estados: que las y los jóvenes con discapacidad participen en todas las políticas y en los ámbitos que tienen que ver con sus vidas; que la igualdad sea legal y sustantiva, a través de acciones de política pública; y poner fin al estigma y la discriminación que conlleva la discapacidad.

Para Mora, este informe conlleva “un llamado a entender que la manera en que tratemos a las personas con discapacidad en nuestras familias, comunidades y países representa el más alto estándar de humanidad y desarrollo sostenible”. “El movimiento de la discapacidad nos viene a interpelar para construir una nueva agenda de derechos humanos”, enfatizó el funcionario de ONU .

Luego de la presentación del informe, la actividad continuó con la realización del Taller Subregional “Decidimos. Jóvenes y mujeres con discapacidad”, por la igualdad de derechos y una vida sin violencia, con participación de jóvenes y organizaciones de personas con discapacidad del MERCOSUR.