El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina cuenta con su primer Programa de País para los próximos cuatro años. Fue acordado con las principales contrapartes en Argentina, con el fin de robustecer el trabajo para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, y poner fin a la violencia de género, sin dejar a nadie atrás. 

El documento -producto del trabajo junto al Estado, la academia, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil- fue aprobado por la Junta Ejecutiva del UNFPA en la primera sesión regular de 2022.  

El Programa de País está alineado con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, metas priorizadas e indicadores de seguimiento para Argentina; El Programa de Acción de la CIPD, el Consenso de Montevideo y los compromisos de la Cumbre de la CIPD + 25 y el Plan Estratégico (PE) del UNFPA 2022-2025.

En ese sentido, contribuirá a reducir las brechas para el logro de los tres resultados transformadores del UNFPA al:

• acelerar la reducción de las brechas y desigualdades en el acceso a los derechos sexuales y reproductivos;
• acelerar la reducción de la mortalidad materna prevenible; 
• acelerar la reducción de la violencia de género.

Para avanzar en el primer punto, se seguirá trabajando junto a distintos actores del Estado para implementar leyes, políticas públicas, planes y programas para garantizar la cobertura universal y el acceso equitativo a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad de las personas más vulnerabilizadas. 

La continuidad del apoyo al Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (ENIA); el establecimiento de sistemas de información logística para garantizar la calidad de los suministros de salud sexual y reproductiva; y la ampliación de las intervenciones de generación de esta demanda entre adolescentes de métodos anticonceptivos más eficaces, como los de larga duración, son parte de los puntos que se promoverán y desarrollarán. 

También el fortalecimiento de las capacidades de los proveedores de salud para brindar información y servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, en particular para las mujeres, adolescentes y niñas, afrodescendientes e indígenas y personas con VIH; e impulsar y jerarquizar el rol de las/os licenciadas/os en  obstetricia para asegurar una mayor cobertura y adopción de anticonceptivos en todo el territorio argentino.

Para promover la autonomía corporal, el liderazgo y participación de adolescentes y jóvenes, se continuará fortaleciendo el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (PNESI).

En lo que respecta a la reducción de la mortalidad materna evitable, se brindará asistencia técnica al Ministerio de Salud de la Nación para reforzar la operatividad de la Ley 27.611 de de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia; para apoyar la aplicación de la Ley de Parto Respetado y la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo  y Atención Postaborto. 

Para avanzar hacia el fin de reducir la violencia de género y las prácticas nocivas, se reforzarán las capacidades de las instituciones del Estado y de las organizaciones de la sociedad civil para dar respuesta oportuna, multisectorial y de calidad a esta problemática.

También implicará abogacía política y apoyo técnico a las instituciones gubernamentales para reforzar la aplicación de los programas de prevención, especialmente el Plan Nacional de Acción contra la violencia de género y el PNESI.

Para esto se trabajará en asocio con el Estado Nacional y las provincias, el mundo académico y las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer las políticas, planes y proyectos relacionados con el mandato de UNFPA. También la coordinación con otras organizaciones de las Naciones Unidas y los medios de comunicación, será primordial para promover la transformación de las normas sociales y de género discriminatorias que legitiman estas violencias. 

El trabajo con los movimientos sociales, incluyendo las organizaciones de mujeres y jóvenes será clave para promover los derechos sexuales y reproductivos y prevenir las violencias de género, asegurando la participación de los grupos más vulnerabilizados.

De esta manera, el Programa de País contribuirá junto al Estado, las organizaciones de la sociedad civil y la academia a la promoción de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia para todas las personas.