Un nuevo estudio elaborado por tres agencias de las Naciones Unidas asegura que la crisis de la COVID-19 intensificó las desigualdades y déficits de trabajo decente que afectan a las mujeres y, en especial, a quienes actúan en la primera línea de la atención sanitaria y social.
“Las trabajadoras de la salud son un pilar estratégico en la respuesta a la crisis de la COVID-19 pero también uno de los sectores más vulnerables”, afirma el informe COVID-19 y la situación de las trabajadoras de la salud en Argentina, realizado por especialistas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) junto a la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
En Argentina 1 de cada 10 mujeres ocupadas se desempeña en el sector de la salud, que concentra a más de 760.000 trabajadoras. Se trata de un sector altamente feminizado, conformado en un 70 por ciento por mujeres, con una alta exposición al contagio y considerables costos físicos y emocionales.
“Estas mujeres realizan una tarea esencial para la sociedad en el marco de fuertes desigualdades de género económicas, laborales y profesionales que es necesario revisar con exhaustividad”, señalan Sol East (UNFPA), Tim Laurence (ONU Mujeres) y Elva López Mourelo (OIT Argentina), responsables del informe que, además de brindar un análisis pormenorizado del sector, detalla las medidas implementadas en Argentina y propone recomendaciones y buenas prácticas para llevar adelante una respuesta integral.
En esa línea, la pandemia profundizó asimetrías y brechas de género históricas de este sector, como la informalidad –que alcanza al 20,4 por ciento de las mujeres frente al 14,7 por ciento de los varones– y la brecha salarial. Las trabajadoras no registradas poseen nula o muy baja cobertura en derechos como la protección por accidente o enfermedad profesional, obra social y licencia por enfermedad, entre otros, que ofrecen una protección crucial en el actual contexto de pandemia. Al mismo tiempo, un 48 por ciento de las trabajadoras de la salud son jefas de hogar, lo cual multiplica su carga de tareas de cuidado.
Los efectos concretos de la crisis que afectan a las mujeres del sector de la salud incluyen déficits en la seguridad y la salud en el trabajo, jornadas más largas y mayor volumen de trabajo, estrés y riesgos psicosociales –lo cual impacta en la calidad de la atención que brindan–. A su vez, se verifica una mayor carga de cuidados no remunerados, discriminación, falta de protección laboral y hasta la pérdida de empleo e ingresos en algunas ocupaciones que se desempeñan de manera independiente, como la oftalmología, la odontología y otras disciplinas.
Por otra parte, el informe observa que las mujeres están más expuestas a sufrir episodios de violencia y acoso en el contexto de pandemia, no solo en los lugares de trabajo sino también en la vía pública y hasta en sus hogares, debido a la estigmatización social frente al temor de sufrir contagios.
“Pese a la importancia del trabajo que realizan, las trabajadoras de la salud no reciben aún la valorización que merecen, ni al interior del sector sanitario ni en la sociedad en su conjunto”, sostiene la publicación, que además afirma: “Resulta fundamental que la valoración positiva que están recibiendo las trabajadoras de la salud ante la crisis se traduzca en condiciones laborales y salariales equitativas, así como en un marco normativo que efectivice el acceso a los derechos laborales”.
Respuestas y políticas públicas
Sin medidas específicas dirigidas a mejorar su situación, las trabajadoras de la salud en Argentina pueden beneficiarse con algunas medidas generales tomadas por el Gobierno en materia económica y de empleo. En esa línea se destacan el refuerzo del sistema sanitario, la compensación económica extraordinaria para quienes trabajan en el sector de la salud y la incorporación de la COVID-19 como enfermedad profesional para las personas que realizan actividades esenciales.
A su vez pueden mencionarse la ley 27.548, sancionada el 21 de mayo, que implementó el Programa de Protección al Personal de la Salud durante la emergencia sanitaria, así como el Plan Nacional de Cuidados de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud. A nivel sectorial, un acuerdo entre la federación que nuclea a las asociaciones trabajadoras de la salud y el Gobierno garantizó el cobro de salarios completos y el transporte gratuito para el sector durante la pandemia. También se realizaron acciones de sensibilización social, como el apoyo del sistema de Naciones Unidas a la acción de sensibilización social #CuidarEsTrabajo de la Campaña por la Socialización de los Cuidados.
Para mejorar la situación de las trabajadoras de la salud durante la crisis de la COVID-19, el informe recomienda implementar políticas públicas orientadas a: garantizar la seguridad y salud tanto física como mental; establecer límites máximos de horas de trabajo; recompensar la sobrecarga laboral; invertir en el personal de la salud y proteger a quienes tienen contratos atípicos; promover el acceso a políticas y servicios de cuidado suplementarios e implementar licencias remuneradas por maternidad, licencias parentales o prestaciones monetarias para adultos responsables de tareas de cuidado en el hogar.
“Una de las mayores deficiencias corresponde a las normativas”, destaca el estudio, que llama a “dotar de mayor coherencia al sistema en sus distintos niveles y adecuarlo a las competencias profesionales de las trabajadoras”. Del mismo modo, la publicación sostiene que para construir soluciones sostenibles y reducir las desigualdades de género, además de fortalecer las organizaciones de trabajadoras y fomentar el diálogo social, “es imprescindible transversalizar la perspectiva de género e involucrar a las mujeres en todas las fases de la respuesta a la crisis y en la toma de decisiones”.
Descargar el informe haciendo clic aquí
