La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) que se realizará en Nairobi entre el 12 y el 14 de noviembre estará integrada por representantes de gobierno de todos los continentes y cientos de organizaciones de la sociedad civil, que cumplen un rol fundamental en el reclamo del reconocimiento de derechos y en la exigibilidad de herramientas para hacerlos efectivos.
La "Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25: Acelerando la promesa" se realiza a 25 años de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo, un encuentro que marcó un antes y un después por haberse acordado allí que la salud reproductiva, el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género son el camino hacia el desarrollo sostenible.
“El Cairo fue un momento de inflexión en materia de salud sexual y reproductiva porque lo puso en código de derechos y, en ese sentido, el movimiento feminista lo tomó como un hito central no solo por conceptualizarlo como derecho sino también por conceptualizarlo en términos integrales, ligado a la pobreza y a los derechos económicos, sociales y culturales”, destaca Cristina Zurutuza, fundadora e integrante de CLADEM regional y de CLADEM Argentina, una de las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con hacer efectivo el cumplimento del Plan de Acción acordado en 1994.
Con la idea de dimensionar lo que significó aquella conferencia, Zurutuza remarca que “hizo realidad el principio de indivisibilidad de los derechos humanos. Como plataforma de acción fue una de las más progresistas y más concretas, quizás junto con la de Viena en 1993 y la de Beijing en 1995”.
Para Natalia Gherardi, directora ejecutiva de ELA (Equipo Latinoamericano de Justicia y Género), la Conferencia de El Cairo fue central también porque por primera vez adolescentes y jóvenes aparecieron en un documento de Naciones Unidas como titulares de derechos vinculados a su salud sexual y reproductiva y a otros aspectos de su desarrollo vital y social.
“Desde entonces, Argentina dio enormes pasos en muchos sentidos, principalmente en la consolidación de un marco normativo que amplía el reconocimiento de derechos, como la aprobación de la ley que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (2002), la Ley de Educación Salud Sexual Integral (2006, para garantizar a niños, niñas y adolescentes el acceso a la información sobre derechos sexuales y reproductivos y la educación basada en la igualdad), la equiparación de derechos para las parejas del mismo sexo y el reconocimiento de la diversidad en la identidad de género y por tanto también en las composiciones familiares”, destaca Gherardi.
Pese a los grandes avances, Zurutuza cree que hay una brecha muy grande entre leyes y práctica. “Hice el balance a 20 años de El Cairo y en toda la región pasa que las mujeres terminamos teniendo muy buena normativa pero muy mala ejecución”.
Y en este sentido reivindicó el papel de las organizaciones de la sociedad civil para dar cumplimento a esas normas, como el Consorcio Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos, CONDERS, que nació en 2003 cuando se reglamentó la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable en Argentina. “Fue muy importante para la implementación real del programa porque tuvimos grupos en todo el país y nosotras articulábamos con el Ministerio de Salud a nivel nacional y eso facilitaba que los grupos de las provincias pudieran hacer presión para que los ministerios provinciales se adecuaran a la normativa”, cuenta Zurutuza.
De ese grupo también participó la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), presidida por Mabel Bianco, distinguida recientemente por la BBC como una de las cien mujeres más influyentes del mundo.
“FEIM participó de todo el proceso preparatorio de El Cairo y luego trabajó en el seguimiento promoviendo la implementación y propiciando avances. A 25 años de aquella conferencia, creo que tanto los métodos anticonceptivos como el aborto medicamentoso son avances importantes que deben estar disponibles para todas las mujeres y niñas; además del reconocimiento de la identidad de género y del casamiento entre personas del mismo sexo que deben universalizarse”, señala Bianco.
FEIM forma parte a la Alianza Argentina de Organizaciones de la Sociedad Civil, convocadas para evaluar los compromisos acordados en El Cairo, y en el Consenso de Montevideo aprobado en el 2013, donde “se conjugaron los astros y, si bien hubo oposición, se logró superarla. Fue un avance muy comprensivo y ambicioso”.
“Espero que el gobierno argentino concrete su compromiso y que otros gobiernos de América Latina y el Caribe hagan acuerdos que permitan avanzar”, dice Bianco de cara a la conferencia de Nairobi.
Para Gherardi, “la situación regional y mundial con respecto a los derechos sexuales y reproductivos nos muestra un contexto complejo. Más que avanzar, en la Conferencia de Nairobi será importante no retroceder. Fortalecer los compromisos asumidos y los mecanismos para la exigibilidad de los derechos reconocidos en las normas nacionales e internacionales”.
Y, en este sentido, las expertas coinciden en que el piso de consenso es mantener los derechos conquistados y avanzar en las garantías para su efectivo cumplimiento. “Hoy en día los derechos parecen sometidos a la lotería del acceso a la información, la accesibilidad de los servicios, las políticas públicas que efectivamente se implementen... y eso es inaceptable”, advierte la directora de ELA.
Bianco detalla que este piso de consenso debe incluir la Interrupción Legal del Embarazo, la prevención del embarazo precoz y la premura por el casamiento de niñas y adolescentes; mientras que para Zurutuza es importante “la ejecución de la Dirección de Salud y Procreación Responsable a full, que vuelva a haber anticonceptivos y capacitación para el personal, que la atención en salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos se brinde en el primer nivel de atención, como en las salitas de los barrios, que haya actividades extrasanitarias, que salgan a buscar a las mujeres, a los varones, a las chicas y los chicos para que puedan recibir información, que los preservativos estén en clubes de barrio y que en las escuelas se dicte efectivamente la Educación Sexual Integral (ESI.
Para concretar todas estas metas, la sociedad civil cumple un rol fundamental en estos acuerdos internacionales, porque “bajo el liderazgo de las organizaciones de mujeres y feministas se avanza en el reclamo del reconocimiento de derechos, pero también en la exigibilidad de herramientas para hacerlos efectivos. La sociedad civil en nuestra región (pensando en organizaciones de derechos humanos, feministas y de mujeres) han sido un motor importante para dar legitimidad y pertinencia a la información que se presenta y las recomendaciones que se promueven. Además, es la sociedad civil la que denuncia las amenazas de retrocesos y busca estrategias para mitigar esos riesgos”, explica Gherardi.
“El papel de la sociedad civil ha sido hacer lobby con los gobiernos propios y, a veces, con los gobiernos vecinos, porque como el feminismo es una organización regional, tenemos redes, en algunos casos formales -como CLADEM o Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe-, y en otros informales; así hemos conseguido muchas cosas tanto en El Cairo, como en Beijing y en Montevideo. Es muy importante este trabajo cruzado que nos permitió frenar algunas propuestas regresivas y nos permitió hacer pasar propuestas que eran muy resistidas”, explica Zurutuza.
Y en este camino, cree que la expectativa de máxima sería el compromiso real de los gobiernos y hacer más énfasis en la participación de la sociedad civil en organismos formales de los gobiernos con poder de decisión e incidencia.
Por Argentina participará un grupo compuesto por representantes de sociedad civil entre quienes están María Alicia Gutiérrez (FUSA AC), Pamela Martín García (FUSA AC y Vecinas Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva de ALyC), Mariana Iacono (ICW - Comunidad Internacional de mujeres viviendo con VIH - ICW Argentina), Marina Puente Pistarini (Eidos Global), Carlos Álvarez (Agrupación Xango), Marcela Romero (Red LACTRANS), Alejo Sebastián Quiquinto (SRR Youth Network // REDAC), Sofia Del Rosario Savoy (META - Youth With Dissabilities Regional Network), Brigida Lanzillotto (META - Youth With Dissabilities Regional Network), Isabel Perez Witzke (Youth Coalition), María Inés Re (Latin American and the Caribbean Women's Health Network), Camila Fernández (She Decides),Leandro Zaccari Tognetti (Fundación Migrantes y Refugiados sin Fronteras).
El rol de la sociedad civil es fundamental para el seguimiento y cumplimiento de los compromisos y también para garantizar la premisa básica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de “no dejar a nadie atrás”.
