En 2015, el embarazo no intencional afectó la vida de 111.699 niñas y adolescentes menores de 20 años. Esta cifra dejó plasmada la enorme deuda del Estado para con ellas. En esta etapa clave de la vida, el embarazo no solo representa un riesgo para la salud sino que también compromete seriamente las trayectorias de vida y las posibilidades de integración social de las niñas y adolescentes.

El Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) ubicó en primer plano este problema y estructuró una respuesta integral de política pública. En enero de 2017, el Gobierno nacional, en consonancia con la prioridad asignada a la adolescencia en su plan de gobierno y en el marco de los Objetivos de la Agenda 2030, convocó a tres ministerios nacionales, a través de sus respectivas secretarías. Así, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Desarrollo Social, con la cooperación de la sociedad civil y de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, se dieron cita para diseñar una estrategia mancomunada de abordaje integral de un fenómeno que, hasta entonces, no había recibido la prioridad necesaria en las agendas de gobierno.

El cuidadoso proceso de formulación contempló la revisión de las experiencias internacionales, la de los programas nacionales y la trayectoria de las provincias en esta materia y, a partir de un marco institucional propicio, diseñó un modelo de intervención intersectorial basado en evidencia y con una meta que orientó el camino a recorrer y permitió evaluar los resultados a medida que la iniciativa se implementaba.

El Plan ENIA es una referencia de experiencia exitosa en materia de articulación intersectorial para dar respuesta a un problema con múltiples determinantes. Es un faro para otras políticas públicas que enfrenten el desafío de coordinar sectores y actores alrededor de una visión y compromisos comunes.

Esta publicación tiene la intención de recuperar el camino recorrido por el Plan ENIA, mostrar los resultados alcanzados y reflexionar sobre los logros y las deudas pendientes. Su propósito es acrecentar el conocimiento en materia de formulación e implementación intersectorial de políticas públicas para orientar la toma de decisiones en otras áreas de la gestión pública. También es su propósito servir de brújula para orientar los próximos pasos del Plan.