Contra mi voluntad. Desafiar las prácticas que perjudican a las mujeres y niñas e impiden la igualdad.

Día tras día, a decenas de miles de niñas se les arrebata la salud, los derechos y su futuro. Algunas son víctimas de la mutilación genital femenina. A algunas las obligan a contraer “matrimonio” en su infancia, y otras sufren desamparo y pasan hambre solo por su condición femenina.

Es posible que, en muchos casos, los progenitores que someten a sus hijas a prácticas nocivas tengan buenas intenciones. Se equivocan al asumir que, en las comunidades en las que la mutilación genital femenina es una costumbre generalizada, se trata de algo inevitable para lograr la aceptación de los demás. Tienen la idea errónea de que casar a una menor servirá para asegurar su porvenir. Algunos no están al tanto de los riesgos para la salud física y mental que esto entraña.

Sin embargo, las buenas intenciones no son de mucha ayuda para la niña que tiene que abandonar sus estudios y separarse de sus amigos porque van a casarla a la fuerza, o para la niña que va a padecer problemas de salud de por vida debido a la mutilación que se le practicó como parte de un rito iniciático pernicioso.

En 1994, durante la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), los gobiernos de todo el mundo propugnaron el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y reivindicaron con firmeza la erradicación de las prácticas nocivas. Al año siguiente, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, los gobiernos reiteraron que dichas prácticas han de cesar.

Se ha conseguido reducir la persistencia de ciertos hábitos dañinos; sin embargo, debido al crecimiento demográfico, la realidad es que la cifra de niñas damnificadas ha aumentado. Está claro que las promesas y las resoluciones no han bastado para acabar con las prácticas nocivas de una vez por todas. Lo que necesitamos ahora es que haya un auténtico cambio y resultados tangibles.

El año pasado, en la Cumbre de Nairobi sobre la CIPD25, los representantes de los gobiernos, las organizaciones comunitarias, los organismos de desarrollo y el sector privado fueron más allá de las promesas y las resoluciones, comprometiéndose a  cubrir la necesidad insatisfecha de anticonceptivos, atajar la mortalidad materna evitable y erradicar la  violencia por razón de género y las prácticas nocivas.

Este año marca el comienzo de una “década de acción” encaminada a alcanzar para 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que abarcan en su meta 5.3 la eliminación de este tipo de prácticas. Si queremos conseguir nuestro propósito y proteger la integridad física de millones de mujeres y niñas en peligro, ha llegado el momento de poner todavía más empeño. Es imperativo que avancemos con más celeridad.

Los gobiernos han de cumplir con su deber de salvaguardar a las mujeres y las niñas. Los tratados de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño guían a las autoridades para que adopten “todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales para la salud de los niños”.

Suprimirlas por completo puede resultar difícil, pero no me cabe duda de que es factible. Al fin y al cabo, algunas de ellas han sobrevivido al paso de los siglos. Aun así, las cosas deben cambiar, y cambiarán. Para transformar la mentalidad y las normas sociales, el primer paso es informar a los progenitores acerca de las consecuencias que acarrean para sus hijas estas prácticas nocivas y sobre las ventajas para las familias y las comunidades que se derivan de que las niñas estén sanas, se fomente su autonomía y se respeten sus derechos. Tenemos claro que las actuaciones que equiparan la situación de las mujeres, los hombres, las niñas y los niños en todos los ámbitos de la vida contribuyen a modificar tradiciones perjudiciales muy arraigadas. Somos conscientes de que desmantelar los sistemas de propiedad y herencia por vía paterna puede ser también de ayuda a la hora de disolver la institución del matrimonio infantil. Sabemos lo que da resultado.

Además, ahora sabemos a cuánto ascendería el costo de poner fin a la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil, las dos prácticas nocivas más habituales: 3.400 millones de dólares de los Estados Unidos al año, como promedio, entre 2020 y 2030. Un dinero bien empleado para acabar con el sufrimiento de unos 84 millones de niñas.

Contamos con los conocimientos necesarios, el respaldo de los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y el aliento de los nuevos compromisos que han asumido los gobiernos y la sociedad civil. Esto nos faculta para hacer frente a las fuerzas que perpetúan el dolor y crear un mundo en el que todas y cada una de las mujeres y las niñas tengan la libertad de escribir su propio destino.

Desde principios de 2020, el mundo afronta una pandemia inaudita. El coronavirus, que se extiende por todo el planeta, está causando estragos sociales y económicos y cobrándose muchas vidas. En estos momentos difíciles, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) no va a dejar de defender la salud y los derechos de las niñas y las mujeres en los países y comunidades en los que desarrollamos nuestra labor.

Dra. Natalia Kanem. Secretaria General Adjunta y  Directora Ejecutiva UNFPA, el organismo de las Naciones Unidas  que se encarga de la salud sexual  y reproductiva.