De cara a esta cumbre, el gobierno argentino y organizaciones de la sociedad civil se comprometieron a una veintena de puntos a cumplir. Son estos:
Intensificar los esfuerzos para movilizar recursos para asegurar el financiamiento e implementación efectiva, acelerada y plena del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ODS).
Maximizar los esfuerzos para alcanzar “cero” muertes maternas evitables.
Incorporar intervenciones interseccionales, integrales y efectivas sobre salud, salud mental, derechos sexuales y derechos reproductivos en los programas, políticas y estrategias en el marco de la cobertura universal en salud y la educación sexual integral (ESI), incluida la interrupción legal del embarazo (ILE), según el marco normativo vigente.
Asegurar “cero” necesidades insatisfechas en relación al acceso y disponibilidad de información en anticoncepción, anticonceptivos modernos de calidad, seguros y asequibles; incluyendo situaciones de crisis o emergencia humanitaria.
Apoyar las nociones sobre autonomía, autodeterminación, autopercepción e integridad corporal individual, garantizando y promoviendo el ejercicio de los derechos de todas las personas, particularmente en relación con la identidad de género y orientación sexual.
Asegurar que niños, niñas, adolescentes y jóvenes tengan acceso a la ESI con perspectiva de género, diversidad, juventud y derechos humanos; tengan acceso a servicios necesarios para prevenir embarazos no intencionados, infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, así como a los tratamientos necesarios; así como garantizarles el ejercicio de una sexualidad plena, libre de prejuicios y discriminaciones.
Mejorar el acceso a los derechos, a la información y servicios sobre salud sexual y salud reproductiva adecuados para todo el ciclo de vida (niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas adultas y personas mayores).
Renovar el compromiso para terminar con las uniones tempranas forzadas y/o matrimonio infantil, adecuar la legislación y asegurar la escolaridad de las niñas.
Garantizar el pleno cumplimiento de los derechos para todas las personas LGBTTTIQ+, sin discriminación, respetando las diversas identidades de género, asegurando el acceso a la educación, a servicios de salud inclusivos y a una vida libre de violencia; incentivando la participación política y fomentando la inserción laboral en empleos formales, bien remunerados y no flexibilizados.
Renovar el compromiso para acabar con todas las formas de violencia de género, en especial la violencia sexual y obstétrica; incluida la mutilación genital femenina.
Reafirmar el compromiso en la lucha contra todas las formas de discriminación y en la necesidad de prestar especial atención sobre las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, como lo son las personas con discapacidad, los migrantes y los que sufren discriminación por su origen étnico, su orientación sexual y su identidad de género.
Definir o explorar nuevas estructuras e instrumentos financieros para movilizar los recursos necesarios para financiar la agenda del CIPD en su totalidad y los “tres ceros” (cero necesidades insatisfechas de anticoncepción; cero muertes maternas prevenibles y cero violencia de género y prácticas nocivas, como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina) en particular.
Asegurar el acceso a la reproducción medicamente asistida según marco normativo vigente y a facilitar la adopción adecuando la legislación vigente.
Promover el ejercicio de la Ley Nacional 25.929 de Parto Humanizado para personas gestantes, recién nacidos y familia.
Canalizar procesos presupuestarios nacionales, así como nuevos modelos e instrumentos financieros (innovadores) disponibles, para incrementar el financiamiento de las políticas públicas que promuevan y garanticen estos derechos.
Hacer todo lo posible para gestionar e incrementar el porcentaje de Ayuda Oficial al Desarrollo, cooperación Sur-Sur y cooperación triangular, específicamente dirigido hacia la salud, derechos sexuales y derechos reproductivos, con el fin de complementar el financiamiento de los programas de salud sexual y reproductiva.
Aprovechar el dividendo demográfico para asegurar la inversión en servicios e información sobre salud sexual y salud reproductiva, salud, educación y empleo para la juventud, así como adultos mayores.
Asegurar el total involucramiento y participación igualitaria en procesos de discusión y la toma de decisiones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, respecto a su salud y bienestar, promoviendo el lema “nada sobre nosotros/as sin nosotros/as”, incluyendo a los y las jóvenes con discapacidad.
Construir sociedades más inclusivas, donde todas y todos, especialmente personas en situación de vulnerabilidad como niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas migrantes, personas del colectivo LGTBQI, personas con diferentes identidades de origen y pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad y equidad.
Generar datos desagregados, que contemplen a las personas en situación de vulnerabilidad social antes nombradas y la mejora de nuestros sistemas de información, registro y monitoreo interno y externo, para alcanzar el diseño y la mejora en la gestión de políticas públicas basadas en evidencia, para lograr desarrollo sostenible.
Eliminar todas las barreras en el acceso a la justicia y en el cumplimiento y garantía de derechos, en especial los vinculados a la salud y derechos sexuales, reproductivos y la educación sexual integral, por parte del poder judicial.
Garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo dentro del marco normativo vigente y promover su actualización.
Erradicar el Abuso Sexual en la Infancia a través de la Educación Sexual Integral desde el nivel inicial de la escolaridad, y garantizando el derecho a niñas, niños y adolescentes vulnerados al acceso a la justicia y la reparación necesaria.
Desarrollar programas de apoyo para la realización de cuidados no remunerados a las mujeres y familias, a fin de garantizar mejor inserción laboral de las mujeres, achicar las brechas salariales y en favor de un reparto equitativo de las tareas, a fin de evitar la doble y triple jornada laboral para las mujeres.
Promover la creación de trabajo decente a mujeres y jóvenes, a fin de disminuir la pobreza y garantizar el derecho a una vida digna y políticas que garanticen el derecho a una vida libre de violencia para todas y todos tanto en el ámbito doméstico como en los ambientes comunitario y laboral, reconociendo los derechos a grupos tradicionalmente vulnerados, incluyendo a las personas migrantes, con discapacidad, afrodescendientes, entre otros grupos.
