A casi 15 años de la sanción de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales (Ley Nacional 26.485), Argentina ha avanzado en el análisis, visibilización, atención y prevención de las diversas manifestaciones de las violencias contra las mujeres. En este período se elaboraron tres Planes Nacionales de Acción; se puso en marcha una línea de atención telefónica (144) de orientación y derivación ante a casos de violencia de género; se desarrolló un Sistema Integrado de Casos de Violencia por Motivos de Género (SICVG) para registrar, procesar y analizar información sobre las consultas y/o denuncias de violencias de género; se diseñaron e implementaron políticas para acompañar a mujeres en situaciones de violencia de género; y se actualizó el marco normativo, para la incorporación de otras modalidades de violencia como la política, el acoso callejero o la violencia digital, entre otras acciones. A este proceso contribuyeron diversos factores: fundamentalmente el impulso del movimiento feminista a partir del movimiento #NiUnaMenos en el año 2015, el trabajo de la sociedad civil y la academia, el acompañamiento de la cooperación internacional al Estado y a la sociedad civil, destacando el rol de la Iniciativa Spotlight, una alianza entre las Naciones Unidas y la Unión Europea contra las violencias, y la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) en el año 2019, acompañado por la creación de instituciones similares en las provincias para impulsar la agenda de igualdad de género en el país.
A pesar de estos avances, aún persisten dificultades para el reconocimiento y visibilización de algunos tipos de violencia, que al día de hoy continúan siendo poco explorados y se encuentran socialmente naturalizados. Este es el caso de la violencia económica y patrimonial. La Encuesta sobre la Situación de las Mujeres en la Ciudad de Buenos Aires realizada en el 2023 arrojó que el 23,8% de las mujeres mayores de 18 años de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires han sufrido alguna situación de violencia económica y/o patrimonial en sus relaciones de pareja. Sin embargo, es poco lo que se conoce acerca de las manifestaciones de este tipo de violencia; las consecuencias que genera sobre las mujeres, sus familias y entornos; las estrategias que las mujeres emplean para enfrentar estas situaciones; y los obstáculos que ellas enfrentan en esos procesos.
Para contribuir a la visibilización y abordaje de esta problemática, desde ELA- Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, junto con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), y con el acompañamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Fundación Avon para las Mujeres, se realizó una investigación exploratoria con el objetivo de profundizar en las características y manifestaciones de la violencia económica y patrimonial que enfrentan las mujeres cisgénero mayores de 18 años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte de sus parejas/ ex parejas, a partir de las voces de aquellas mujeres. Esta investigación se realizó en diálogo con la encuesta de “Percepción e incidencia de la violencia contra las mujeres en la Ciudad de Buenos Aires”1 de la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo del presente estudio, se presentan datos cuantitativos que dicha encuesta relevó en relación a las situaciones de violencia económica y patrimonial.
El presente informe se estructura en cuatro partes. Luego de la introducción se presenta el apartado metodológico, en el que se describe la estrategia metodológica empleada -de carácter cualitativo- y se detallan las herramientas utilizadas y sus características, así como los criterios de selección de las entrevistadas. La tercera parte está dedicada a los hallazgos de la investigación. Allí se analizan las características de sus hogares; las principales manifestaciones de la violencia económica y patrimonial; los momentos en los que se ejerce este tipo de violencia, y la intersección de ésta con otros tipos de violencia. En otro apartado se ahonda en uno de los hallazgos centrales de la investigación: cómo la sobrecarga en las tareas de cuidados, genera dificultades a la autonomía económica de las mujeres, colocándolas en una situación de mayor riesgo de enfrentar violencia económica y patrimonial. También se analizan las principales consecuencias de este tipo de violencia sobre las mujeres, sus familias y entorno. Esta tercera parte se cierra con dos secciones centradas en las estrategias (individuales, colectivas e institucionales) que emplean las mujeres frente a la violencia económica y patrimonial, y en los obstáculos (individuales, colectivos e institucionales) que encuentran en estos procesos. La cuarta parte contiene recomendaciones destinadas a diferentes actores: el Estado; las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones internacionales; el sector privado y las organizaciones productivas; las organizaciones de mujeres; el entorno familiar y social de las mujeres; y las mujeres que atraviesan situaciones de violencia económica y patrimonial.
Esperamos que este informe contribuya a visibilizar y desnaturalizar este tipo de violencia, que afecta la calidad de vida de las mujeres. A su vez esperamos que cada vez más mujeres cuenten con herramientas que les permitan reconocer situaciones de violencia económica y patrimonial, y que las instituciones ofrezcan respuestas oportunas y de calidad, y así lograr que éstas puedan vivir vidas libres de todo tipo de violencias
