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Nueve estándares para ejercer el derecho humano a la planificación familiar

24 Mayo 2018
La planificación familiar como un derecho humano básico. © UNFPA
La planificación familiar como un derecho humano básico. © UNFPA

El mundo declaró, el 13 de mayo de 1968, que la planificación familiar es un derecho fundamental.

El derecho a la planificación familiar, debe ser una opción disponible universalmente. El UNFPA y la Organización Mundial de la Salud han reconocido nueve estándares que deben respetarse en cada comunidad, para cada individuo.

1. Sin discriminación

La información y los servicios de planificación familiar no deben  restringirse por motivos de raza, sexo, idioma, religión, afiliación política, origen nacional, edad, situación económica, lugar de residencia, discapacidad y estado civil.

2. Disponibilidad

La información y los métodos anticonceptivos deben estar disponibles en cantidad y variedad suficiente para todos. Es un derecho humano, al igual que el acceso al agua potable, un saneamiento adecuado y un mínimo de atención médica.

La calidad del sistema educativo y la infraestructura de salud influyen en la disponibilidad de información y anticonceptivos.  Los retos en estos servicios deben superarse porque son derechos fundamentales.

"Pensé que la planificación familiar era para personas casadas y no para niñas", dijo la enfermera Blessings Sonkhanani en  Malawi en 2015. Fue entrenada para proporcionar información y atención sobre la salud sexual y reproductiva. "Ahora, sé que cualquier persona en edad fértil puede tener acceso a la planificación familiar", dijo. © UNFPA/Meaghan Charkowick

3. Accesibilidad

Los países deben garantizar que los productos y servicios de planificación familiar sean accesibles físicamente y asequibles para todos.

4. Aceptabilidad

La información y servicios de métodos anticonceptivos deben proporcionarse de manera digna, respetando tanto la ética médica moderna como la cultura de las personas que reciben atención.

5. Calidad

La información sobre planificación familiar debe comunicarse claramente y ser científicamente precisa. Los productos anticonceptivos no deben haber expirado y ser suministrados  por personal de salud calificado en un ambiente seguro e higiénico.

Una partera ofrece consejería de planificación familiar en Camboya. Los trabajadores de la salud deben estar capacitados para preservar la privacidad y confidencialidad de los pacientes. © Nicolas Axelrod/Ruom para UNFPA

6. Toma de decisiones informada

La asesoría integral en materia de reproducción permite que cada persona tome  decisiones informadas de forma independiente, sin presiones, coerción o tergiversación y rechaza opciones inapropiadas.

7. Privacidad y confidencialidad

Todas las personas deben disfrutar del derecho a la privacidad cuando buscan información y servicios de planificación familiar. Los trabajadores de salud deben estar capacitados  para mantener la confidencialidad de este servicio.

Mujeres asisten a una clase de planificación familiar en Pakistán en 1973.  Cada persona tiene el derecho de acceder a la información sobre su cuerpo y su fertilidad. © UN Photo/B Wolff

8. Participación

Los países tienen la obligación de garantizar la participación activa e informada de las personas en las decisiones que los afectan, incluidos los problemas de salud. Esto significa, por ejemplo, que las mujeres, principales beneficiarias de los servicios de planificación familiar, deben estar representadas en la elaboración de políticas para estos servicios. Los jóvenes deben ser incluidos en los esfuerzos para promover la educación sobre salud sexual y reproductiva, incluida la planificación familiar. Las perspectivas de los grupos vulnerables y marginados deben integrarse en la prestación de servicios en las comunidades.

9. Responsabilidad

Los sistemas de salud, los sistemas educativos, los líderes y los legisladores son responsables de los esfuerzos para hacer realidad el derecho humano a la planificación familiar. Esto significa que las mujeres, los jóvenes y las poblaciones marginadas deben ser informadas de sus derechos y tener la oportunidad de obtener una compensación por su daño si se viola este derecho.